Montería, 19 de febrero de 2026. En el marco del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 150 de 2026, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, junto a sus equipos de trabajo de Hacienda y Jurídico, presentó ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) un paquete integral de propuestas orientadas a fortalecer la capacidad presupuestal y financiera de las entidades territoriales afectadas.
El objetivo es que estas medidas sean consideradas por el Gobierno Nacional dentro de los decretos legislativos que se expidan en desarrollo del estado de excepción.
Kerguelén García explicó que la magnitud de la emergencia no solo ha generado graves afectaciones sociales y económicas, sino que también impactará de manera directa las finanzas municipales, especialmente en el recaudo tributario y en el cumplimiento de los indicadores fiscales.
“Estamos proponiendo medidas responsables, técnicas y jurídicamente sustentadas para que los municipios podamos responder con agilidad, proteger la estabilidad fiscal y garantizar la atención oportuna a nuestras comunidades”, afirmó el alcalde.
En materia presupuestal, se planteó facultar a gobernadores y alcaldes para reorientar rentas que por ley tienen destinación específica, incluyendo recursos del balance, rendimientos financieros y excedentes, con el fin de financiar acciones dirigidas a la atención de la emergencia.
Asimismo, se propuso facultar temporalmente a gobernadores y alcaldes para realizar adiciones y traslados presupuestales, exclusivamente de las rentas destinadas a atender la emergencia y únicamente por el tiempo de vigencia de esta, teniendo en cuenta las facultades del Ejecutivo en el marco de los estados de excepción conforme a los artículos 83 y 84 del Decreto 111 de 1996.
De igual manera, se solicitó que la Nación compense total o parcialmente el impacto que tendrán los municipios en el recaudo del Impuesto Predial, debido a que los presupuestos se verán seriamente afectados y, por ende, las finanzas territoriales.
En materia de operaciones de crédito público, se solicitó la aprobación de líneas de crédito blandas para la compra de cartera a las entidades territoriales afectadas, con mejores condiciones y plazos, que permitan mejorar el perfil de la deuda y evitar incumplimientos.
También se propuso la flexibilización durante 2026 y 2027 de los límites de gasto establecidos en la Ley 617 y de los indicadores definidos en la Ley 819 de 2003, para que, en caso de incumplimiento derivado de la afectación de ingresos por la emergencia, las entidades territoriales no sean objeto de sanciones ni de medidas derivadas de dicho incumplimiento.
Adicionalmente, se planteó la flexibilización transitoria de las reglas de endeudamiento para que las entidades territoriales puedan contratar nuevas operaciones de crédito sin exigencia de calificación de riesgo ni suscripción de planes de desempeño, siempre que los recursos se destinen exclusivamente a atender la emergencia.
Dentro del paquete también se incluyó la flexibilización de las condiciones de los créditos de tesorería para garantizar liquidez a los entes territoriales, proponiendo que su pago no se realice en el mismo año sino en un plazo de hasta tres años.
Igualmente, se solicitó que el Gobierno Nacional asuma de forma transitoria el pago de la deuda de los entes territoriales gravemente afectados que no puedan cumplir sus obligaciones, actuando como garante de la deuda.
En materia tributaria, se evaluó incluir una disposición que apoye la recuperación de cartera, dejando la facultad para los entes territoriales de condonar y reducir hasta en un 100 % las sanciones e intereses de obligaciones en mora.
También se planteó autorizar el pago diferido de obligaciones durante 2026 sin intereses, como mecanismo de alivio para contribuyentes afectados.
En materia de regalías, se propuso que las entidades territoriales asuman directamente las etapas de formulación, viabilidad, aprobación y designación de ejecutor en proyectos financiados con asignaciones directas, inversión local y regional.
Asimismo, se planteó permitir la liberación de recursos de proyectos que no hayan iniciado contractualmente para redirigirlos a otros relacionados con la atención y recuperación de la emergencia.
Adicionalmente, la administración municipal solicitó la implementación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la DIAN, de un paquete de beneficios tributarios para la reactivación económica del territorio, teniendo en cuenta la experiencia de otras catástrofes naturales en el país.
“El propósito es que los municipios contemos con herramientas extraordinarias para enfrentar esta situación sin comprometer nuestra sostenibilidad fiscal. La emergencia exige decisiones estructurales y un respaldo decidido del Gobierno Nacional para proteger a nuestra gente y garantizar la recuperación del territorio”, concluyó el alcalde Hugo Kerguelén García.