La muerte del menor Kevin Acosta, un niño con hemofilia que falleció tras un accidente en bicicleta y presuntas fallas en la entrega de su tratamiento, ha generado una fuerte polémica nacional y reavivado el debate sobre el acceso oportuno a medicamentos de alto costo en el sistema de salud colombiano.
Según lo expuesto en el Consejo de Ministros, Kevin llegó inicialmente a un hospital público en el Huila después del accidente y posteriormente fue trasladado en avioneta a Bogotá, donde ingresó al Hospital La Misericordia, centro de referencia pediátrica. El caso ha despertado cuestionamientos sobre la pertinencia de ciertas actividades para pacientes hemofílicos y, especialmente, sobre la continuidad en el suministro de medicamentos esenciales.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el caso será investigado a fondo y que se está a la espera del resultado de la autopsia para esclarecer las causas exactas del fallecimiento. El funcionario defendió la gestión financiera del sistema y sostuvo que los pagos del régimen subsidiado y contributivo se han realizado de manera anticipada, por lo que, según afirmó, no puede alegarse falta de recursos.
Jaramillo indicó que más de 27 millones de afiliados al régimen subsidiado recibieron los giros correspondientes en la primera semana de febrero y reiteró que el Gobierno ha cumplido con los desembolsos mensuales. “No se puede aceptar que digan que no hay recursos cuando el Gobierno ha pagado”, enfatizó.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro planteó que la muerte del menor podría estar relacionada tanto con la caída que sufrió como con posibles fallas en la entrega del medicamento. El mandatario pidió investigar si hubo problemas en la conexión administrativa o responsabilidades individuales en la cadena de suministro, insistiendo en que el factor financiero no debería ser un obstáculo.
Petro también señaló que los recursos existen, pero afirmó que en una EPS permanecen retenidos debido al embargo de cerca de dos billones de pesos, lo que podría estar afectando la operación del sistema.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras lamentó el fallecimiento y exigió respuestas claras de las entidades responsables. La organización advirtió que la demora en tratamientos vitales constituye una vulneración del derecho fundamental a la salud y a la vida, e instó a adoptar medidas urgentes que garanticen la atención oportuna de niños con enfermedades de alto costo y baja prevalencia.
El caso continúa bajo investigación y se ha convertido en un símbolo de las tensiones estructurales del sistema de salud, donde pacientes, autoridades y organizaciones coinciden en la necesidad de evitar que fallas administrativas o logísticas deriven en tragedias prevenibles.