Las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, desataron una fuerte controversia nacional tras referirse a la situación financiera del Hospital San Rafael de Itagüí, cuyo gerente denunció públicamente, entre lágrimas, la imposibilidad de pagar los salarios de sus trabajadores por falta de recursos.
En respuesta al video difundido por el directivo del centro asistencial, el ministro aseguró que en Itagüí operan dos hospitales con responsabilidades distintas y afirmó que el San Rafael, de carácter departamental, ha sido afectado por prácticas de politiquería. “Los ricos también lloran”, expresó Jaramillo, frase que provocó una oleada de críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, fue una de las primeras en rechazar el pronunciamiento del jefe de la cartera de Salud. Aseguró que la situación del hospital refleja una crisis humana que afecta directamente a médicos, enfermeras, personal asistencial y pacientes. “Aquí no se trata de ricos, sino de trabajadores que llevan meses sin salario y de personas que no reciben medicamentos ni atención oportuna”, afirmó.
En la misma línea, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, reveló que la deuda acumulada del Hospital San Rafael asciende a 11.700 millones de pesos y pidió al ministro mayor coherencia y conocimiento del contexto nacional para tomar decisiones que permitan rescatar el sistema de salud.
Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez también cuestionó la postura del Gobierno Nacional y advirtió que las actuales decisiones están poniendo en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Señaló que la problemática termina afectando principalmente a los sectores más vulnerables y pidió un trato más humano frente a la crisis hospitalaria.
Según se conoció, las EPS adeudan cerca de 22 mil millones de pesos al Hospital San Rafael, situación que ha impedido el pago de salarios a cerca de 460 trabajadores desde el mes de octubre. No obstante, la EPS Savia Salud aseguró que durante la vigencia 2025 realizó giros superiores a los 18.700 millones de pesos, equivalentes a más del 80 % de los valores radicados, y que al cierre del año se conciliaron más de 1.540 millones de pesos con el hospital.
Ante la polémica, el ministro Jaramillo informó que solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud una revisión de la situación financiera y administrativa del centro asistencial para determinar responsabilidades y posibles soluciones.