La corporación aseguró que la postura del mandatario vulnera la independencia judicial.
La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) rechazó este lunes las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la decisión judicial que impuso medida de aseguramiento intramural a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Para la organización gremial, que representa a jueces y magistrados de todo el país, la postura del mandatario vulnera la independencia judicial y envía un mensaje institucional inadecuado al descalificar fallos que no coinciden con sus intereses políticos.
Corjusticia emitió el pronunciamiento tras la reacción del jefe de Estado frente a la determinación adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien ordenó la detención preventiva de los exfuncionarios.
La corporación calificó como “lamentable” que la máxima autoridad del Ejecutivo utilice su investidura para cuestionar públicamente la legitimidad de decisiones judiciales.
“Resulta lamentable que un alto funcionario del Gobierno, cuya investidura le impone el deber de observar un comportamiento personal y social ejemplarizante, así como respetar el principio de separación de los poderes públicos, descalifique públicamente las decisiones judiciales cuando no respondan a sus intereses políticos”, señaló Corjusticia.
Las críticas de Petro
La controversia se desató tras una extensa publicación del presidente Petro en su cuenta de X este domingo, en la que atribuyó el encarcelamiento de sus exministros a una persecución política y a una estrategia de la oposición con fines electorales.
Según el mandatario, tanto la justicia como sus contradictores buscan afectar al progresismo mediante imágenes de alto impacto mediático.
“Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones, ya no hay reglas democráticas para ellos”, escribió Petro, al argumentar que “ni los dos ministros debían estar presos, porque las partes no pidieron cárcel y el juez de garantías no podía extralimitarse por encima de ellos”.
En defensa del exministro Ricardo Bonilla, señalado de presuntamente comprar congresistas para aprobar reformas, el presidente utilizó como argumento el reciente hundimiento del Presupuesto General de la Nación, que —según él— demostraría la falta de respaldo político a los supuestos sobornos.
“El ministro Ricardo Bonilla, al que acusan de comprar congresistas pedigueños, y no miran como prueba favorable que los supuestos sobornados hundieron el presupuesto de la nación”, afirmó Petro, asegurando que se trata de una “prueba a favor contundente” ignorada por la prensa.
El jefe de Estado elevó el tono de sus críticas al denunciar lo que considera una guerra jurídica contra su administración.
“Estamos ante el lawfare de hecho y así resistiremos hasta el último día”, sostuvo Petro, al calificar a sus detractores como “sedientos de rejas y sangre” y acusarlos de pertenecer a una oligarquía que acumula fortunas en el exterior mientras, según dijo, “llenaron las cárceles de gente que no debería estar presa”.
Llamado de Corjusticia al respeto institucional
Frente a estos señalamientos, Corjusticia recordó al Gobierno que existen mecanismos legales y canales institucionales para controvertir las decisiones judiciales, los cuales no incluyen el ataque mediático desde la Presidencia.
La entidad subrayó que en democracia la crítica es válida, pero debe ejercerse dentro de los cauces previstos por la ley.
“Respetuosamente, lo instamos a no incurrir en ese tipo de actos que conllevan un inadecuado mensaje institucional”, puntualizó la organización, reiterando la necesidad de proteger el Estado Social de Derecho.