La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) emitió una alerta urgente sobre la escalada de violencia que atraviesa el país, advirtiendo que 14 departamentos se encuentran en disputa territorial por grupos armados que pretenden coaccionar a los votantes en los comicios de 2026, un diagnóstico que llevó a la organización a cuestionar la efectividad de la operación Perseo y a exigir el replanteamiento de la estrategia militar en zonas críticas como el Cauca.
El panorama de orden público dejó de ser un problema aislado de seguridad ciudadana para convertirse, según el gremio de la reserva activa, en una amenaza directa a la institucionalidad democrática. De acuerdo con el análisis de los oficiales retirados, el país enfrenta una violencia «sin precedentes» impulsada por estructuras criminales que buscan consolidar su control territorial antes de la próxima jornada electoral.
Acore emitió un pronunciamiento contundente sobre la naturaleza de estas agresiones, al señalar que «esta violencia no es solo criminal, sino que va apoyada en las economías ilícitas, busca sembrar terror, controlar territorios y debilitar las instituciones realizando demostraciones de fuerza».
La preocupación central radica en el uso de las armas como herramienta de presión política. Un informe reciente conocido por Noticias RCN corroboró esta alerta al revelar que 14 departamentos se encuentran en disputa territorial, donde las comunidades exigen garantías para ejercer su derecho al voto sin la sombra de los fusiles.
«Ocurre en un momento crítico cuando nos acercamos al año electoral 2026, con riesgos reales en la intimidación al votante a través de la presión armada en zonas rurales y en la manipulación de los procesos democráticos», alertó la asociación.
La tensión entre el Gobierno y la reserva activa se agudizó tras el ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca, el pasado 16 de diciembre. Las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, quien calificó la reacción de la fuerza pública como una «incompetencia», generaron una respuesta inmediata del general (r) Guillermo León, presidente de Acore.
En diálogo con W Radio, León reconoció que el jefe de Estado, como comandante supremo, tiene el derecho constitucional de exigir explicaciones. Sin embargo, enfatizó que la crisis en el Cauca es estructural y no coyuntural, derivada de una disminución sistemática de las capacidades operativas.
El general en retiro explicó que el deterioro se profundizó por «la reducción del pie de fuerza, problemas de movilidad, falta de helicópteros y limitaciones logísticas», factores que hoy impiden una reacción oportuna ante las emboscadas.
En este punto, Acore puso en tela de juicio la efectividad de la principal estrategia del Gobierno en la región. «Hay que replantear qué ha pasado con Perseo y evaluar si realmente ha dado resultados», sentenció León, refiriéndose a la operación desplegada desde 2024. El oficial agregó que, de no evidenciarse avances, «se debe ajustar la estrategia para que el mando militar recupere el control de una zona que, en lugar de mejorar, se está deteriorando».
El análisis de los militares retirados también apuntó a las consecuencias de la política de ‘Paz Total’. Aunque León aclaró que los autores del ataque en Buenos Aires no están sentados en una mesa de negociación, advirtió que otras organizaciones aprovecharon los ceses al fuego y los diálogos para expandir su presencia y fortalecer sus economías ilegales.
Frente a esta realidad y los recientes paros armados del ELN, el Gobierno convocó un consejo extraordinario de ministros para redefinir el rumbo. El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, explicó que la prioridad será la anticipación.
«Reestructurar los planes de seguridad, ahí tenemos que revisar lo que teníamos y cómo se tiene que modificar eso», indicó el alto oficial, quien subrayó la necesidad de fortalecer los organismos de investigación: «La inteligencia es una capacidad fundamental que tenemos que tener en cuenta para poder accionar».
Para Acore, la solución trasciende la coyuntura política y requiere una articulación total del Estado. Los oficiales retirados recordaron que la Constitución obliga a proteger a todos los colombianos y que la seguridad es un bien público superior.
En su mensaje final, la asociación instó a la unidad y a la firmeza institucional para evitar que los violentos dicten el futuro del país. «No se puede permitir que el miedo reemplace la democracia», concluyó la organización, al reiterar que «defender la vida, la paz y el voto libre es un deber constitucional y moral».