La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas frente a la crítica situación que vive el sistema de salud colombiano por el desabastecimiento de medicamentos. Según un reciente informe de la entidad, nueve de cada diez pacientes no reciben sus tratamientos de forma completa ni oportuna, tras analizar 3.449 casos en todo el país.
El documento revela que entre 2022 y 2025 las tutelas en salud aumentaron un 34%, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud recibió más de 685.000 quejas por medicamentos no entregados solo en 2025.
Aunque las ventas del sector farmacéutico crecieron un 9% entre 2022 y 2024, el número de unidades vendidas cayó un 2%. Esta paradoja demuestra que los medicamentos se están concentrando en droguerías privadas, donde los pacientes deben asumir los costos que el sistema debería cubrir. Por primera vez en varios años, el canal comercial superó al institucional en volumen de ventas.
El impacto económico para las familias es considerable. La Defensoría estima que muchos colombianos destinan entre el 10% y el 90% de sus ingresos para adquirir sus tratamientos, y en departamentos como Vaupés o Vichada, un solo medicamento —como el Ácido Valproico— puede representar más del 100% del ingreso mensual de una familia.
El informe señala a la Nueva EPS como responsable del 52% de la deuda acumulada con los proveedores, situación que ha alterado toda la cadena de suministro.
Los territorios más afectados son los rurales y étnicos, especialmente Chocó, Guainía y Vaupés, donde a la falta de medicamentos se suman la escasa infraestructura hospitalaria y las grandes distancias para acceder a atención médica.
Los fármacos más reportados como no entregados son de uso cotidiano: Metformina, Valsartán y Losartán, empleados para controlar la diabetes y la hipertensión. De hecho, el 66% de las quejas corresponde a tratamientos para enfermedades cardiovasculares y metabólicas, que requieren continuidad para evitar complicaciones.