La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que todas las muertes reportadas por el Gaula Militar de Córdoba en 2007 correspondieron a casos de falsos positivos. Las víctimas fueron campesinos, trabajadores informales, desempleados e incluso desmovilizados, presentados como integrantes de grupos armados dados de baja en supuestos combates.
Según datos del Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP, en la Región Caribe hay documentadas 801 víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a esa unidad.
El análisis indica que el 97 % de las víctimas eran hombres, el 2,2 % mujeres y el 4 % menores de edad. Además, el 35 % eran desempleados, el 20 % trabajadores informales, el 10 % campesinos y el resto pertenecía a sectores de la economía informal.
La información fue presentada en una audiencia pública de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de 31 miembros de la fuerza pública, quienes aceptaron los hechos y buscan contribuir a la verdad plena y reparación de las víctimas. Durante la diligencia, familiares esperan respuestas sobre quién dio las órdenes y el paradero de sus seres queridos.