Una emergencia se convirtió en una pesadilla para una familia en Montería, luego de que varias instituciones de salud se negaran a atender a una joven en trabajo de parto por el único motivo de estar afiliada a la Nueva EPS.
De acuerdo con el testimonio de Ana María Martínez González, tía de la paciente, la odisea comenzó hace varios días cuando la gestante comenzó a presentar dolores. La llevaron en repetidas ocasiones a diferentes clínicas, pero siempre fueron rechazadas.
“Ninguno nos aceptó, ninguno la quería aceptar porque somos de la Nueva EPS”, afirmó Martínez.
El caso se agravó cuando los dolores se intensificaron. Señala la tía que llevaron a la joven a clínicas, esperando recibir ayuda urgente. Sin embargo, el personal se negó a ingresarla e incluso a tomarle los signos vitales.
“Permanecimos ahí afuera porque no nos querían atender… que no porque somos Nueva EPS y no tienen convenio”, relató la afectada.
La situación llegó a un punto crítico, temiendo que el parto ocurriera en la calle sin asistencia médica. “¿Qué tal una urgencia de vida o muerte, la persona tendrá que morirse allá afuera?”, se cuestionó con angustia la señora Martínez.
Ante la negativa sistemática de las instituciones, la familia se vio forzada a buscar una solución por sus propios medios. Contactaron a un ginecólogo particular y tuvieron que reunir $2.500.000 de manera urgente para pagar sus honorarios y que asistiera el parto, ya que la clínica se negó “rotundamente” a hacerlo.
Desenlace y preocupación:
Afortunadamente, el desenlace fue positivo. La joven dio a luz a un niño sano y ambos se encuentran bien de salud. No obstante, el caso expone una grave falla en el sistema de salud local, en crisis por la falta de pago de las EPS.
La familia y otros usuarios de Nueva EPS en la región denuncian una aparente exclusión sistemática. “Ni una clínica en Montería tiene convenio con Nueva EPS, ni siquiera el hospital”, aseguró Martínez, lo que deja en estado de vulnerabilidad a miles de afiliados frente a cualquier emergencia médica.
Este hecho pone en evidencia los persistentes problemas de acceso a la salud y genera alerta sobre el cumplimiento del derecho fundamental a la atención médica, especialmente en situaciones de vida o muerte.