En medio de la audiencia de imputación de cargos, OlmedoLópez, Luis EduardoLópez Rosero, ‘El Pastuso, ySneyder Pinilla no aceptaron los delitos endilgados por laFiscalía por los hechos de corrupción.
Durante siete horas, ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación detalló la filigrana del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en el cual Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, ‘El Pastuso’, fueron los cerebros.
En la diligencia judicial, a los tres sujetos se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor propio y de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad en ideológica en documento privado, pese a que ninguno los aceptó debido a que avanzan en la redacción de un principio de oportunidad.
La fiscal del caso, Andrea Muñoz, expuso la cronología de los hechos de corrupción que no solo salpicó a López, a Pinilla y a ‘El Pastuso’, sino que también mencionó a varios políticos cercanos al presidente Petro.
La investigadora señaló a Olmedo López y a Sneyder Pinilla, quienes fueron los directivos de la Ungrd, de haber comprometido contratos por más de $228.000 millones. De esos dineros $46.000 se destinaron para la compra de 40 carrotanques que tenían como objetivo el suministro de agua potable en La Guajira, y el cual se direccionó a Luis Eduardo López Rosero pese a que sus empresas no tenían idoneidad.
Coimas de alto nivel
En el relato de la fiscal, sobre cómo se dieron los hechos de corrupción, se afirmó que $5.342 millones fueron destinados para entregar coimas a varios políticos, congresistas y funcionarios del alto nivel en el Gobierno Nacional.
Esa suma de dinero salió del contrato de los carrotanques que, aparte de estar direccionado a ‘El Pastuso’, tuvo sobrecostos por un valor superior a los $14.000 millones, según confirmó en su momento un informe preliminar de la Contraloría General de la República.
Sumado a los $60.000 millones que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, Carlos Ramón González, habría ordenado direccionar para beneficiar al hoy expresidente del Senado, Iván Name; y los $10.000 millones que iban en contratos cercanos al también expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, siguen los $4.000 millones en cuestión.
“Usted, señor López, coordinó la entrega de $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”, afirmó la Fiscal.
Pero la coima también alcanzó para el mismo Olmedo López y Sneyder Pinilla. Cada uno se apropió de $724 millones y $342 millones, respectivamente, en medio del escándalo de corrupción que ya tiene varias líneas de investigación en la Fiscalía General de la Nación y en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
“Usted, señor Luis Eduardo López Rosero, entregó, por pago de coimas pactadas, por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192, un total de 6.342 millones que fueron distribuidos así: 1000 millones para el señor Pedro Rodríguez y 5.342 millones a Sneyder Pinilla por la coima pactada por la adjudicación de esa orden de proveeduría 192 (…) Usted señor se benefició en provecho propio de 7.821 millones producto del contrato ilícito”, también sostuvo la Fiscal, haciendo referencia al contratista de los carrotanques.
Bonilla, implicado
Tal y como lo había señalado Olmedo López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía también señaló al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de haber sido quien impartió la orden de direccionar tres contratos por $92.000 millones para beneficiar a congresistas de las comisiones económicas donde se tramitaban iniciativas de su cartera.
“Usted, señor Sneyder Pinilla, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla”, aseveró la Fiscal.