El ente de control exigió al Ministerio de Educación resultados inmediatos sobre las irregularidades en la entrega de diplomas de esta institución.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Educación Nacional que entregue de manera urgente los resultados de la investigación administrativa preliminar que abrió contra la Fundación de Educación Superior San José con el fin de verificar la legalidad en el otorgamiento de sus títulos académicos y determinar si existen fallas que pongan en riesgo la confianza pública en el sistema educativo luego de los recientes cuestionamientos sobre la validez de los diplomas expedidos por esa institución.
La Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública pidió al Ministerio que suministre toda la información recolectada hasta el momento sobre la estructura interna de la universidad. El ente de control requirió datos específicos relacionados con los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales. También solicitó detalles sobre cualquier persona que ejerció funciones de administración o control dentro de la institución educativa durante los periodos cuestionados.
El Ministerio Público requirió a la cartera de Educación que informe cuáles son las medidas preventivas o correctivas que consideró necesarias para frenar cualquier irregularidad. El objetivo central de esta petición consistió en garantizar que el proceso de graduación y entrega de títulos se ajuste a la ley y en restablecer la credibilidad en la normalidad institucional de la Fundación San José.
La entidad otorgó un plazo de tres días para recibir esta respuesta y sostuvo que su actuación busca proteger la transparencia del servicio público de educación superior sin interferir en la autonomía universitaria, pero asegurando que esta se mantenga dentro de los límites de la Constitución.
El origen del pleito por los diplomas
Esta intervención de los entes de control ocurrió en medio de una fuerte controversia política y judicial que involucra a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza y a su exasesora Juliana Guerrero. El conflicto escaló el pasado 14 de noviembre, cuando fracasó una audiencia de conciliación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia debido a que Guerrero no asistió a la diligencia.
La exasesora denunció inicialmente a Pedraza por los delitos de calumnia y delitos informáticos, alegando que la congresista dañó su reputación al cuestionar la autenticidad de sus estudios justo cuando su nombre sonaba para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, el panorama cambió cuando salieron a la luz pruebas que complicaron la versión de la demandante.
Pedraza señaló a la salida de la Corte que la ausencia de su contraparte podría deberse a la contundencia de las nuevas revelaciones. «No se realizó una diligencia de conciliación porque Juliana Guerrero lamentablemente no asistió», afirmó la congresista, quien especuló que cuando Guerrero puso la denuncia «no se sabía todo lo que la opinión pública conoce» actualmente sobre la inexistencia de registros académicos.
La universidad anuló los títulos
Uno de los puntos más críticos de esta historia, y que motivó la vigilancia de la Procuraduría, fue la decisión de la propia Fundación Universitaria San José de anular los títulos de tecnólogo y de Contaduría Pública que ostentaba Guerrero. La institución educativa reportó que la joven no aparecía en los registros de asistencia a clases ni existían notas que soportaran su paso por las aulas.
La representante Pedraza explicó que la universidad confirmó que Guerrero no vio ninguna clase y que tampoco estaba reportada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies). Ante esto, la congresista contraatacó legalmente e instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por fraude procesal y falsedad en documento público, acción que no solo dirigió contra la exasesora, sino también contra varios directivos de la Fundación San José.
Pedraza aseguró que no se trata de un problema personal, sino de una lucha estructural. «Yo la invito, Juliana, a que usted hable, a que le diga a la justicia colombiana toda la verdad. Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencias», declaró la legisladora, quien insistió en que Guerrero es solo uno de «los eslabones más débiles de esta cadena» y que el objetivo es llegar a los «poderes mucho más grandes» que estarían detrás de estas irregularidades.
Contratos millonarios bajo sospecha
La preocupación de las autoridades aumentó al revisar la trayectoria laboral de Guerrero, quien con solo 22 años logró firmar contratos de prestación de servicios con entidades de alto nivel. Investigaciones periodísticas revelaron vínculos contractuales con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Los documentos contractuales indicaron que la joven fue contratada para realizar labores de asesoría, seguimiento y revisión, tareas que requerían una experiencia y formación académica que ahora está en entredicho debido a la anulación de sus diplomas. Además, se conoció que Guerrero admitió haber presentado las pruebas de estado Saber Pro apenas el pasado 8 de noviembre, un requisito que es obligatorio haber cumplido antes de recibir cualquier grado profesional en Colombia.
En medio del escándalo, Guerrero manifestó a través de medios de comunicación que ya no tiene interés en acceder a cargos del Estado y que su prioridad actual se centra en aclarar su situación académica ante las autoridades competentes. Mientras tanto, la Procuraduría espera las explicaciones del Ministerio de Educación para determinar el alcance de las fallas en la Fundación San José.