La Corte Constitucional definió el martes 13 de enero, mediante sorteo, que el magistrado Carlos Camargo Assis será el encargado de elaborar la ponencia sobre la constitucionalidad del decreto de Emergencia Económica y Social expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a finales de 2025.
Como magistrado ponente, Camargo deberá evaluar si existen los requisitos legales y constitucionales para suspender de manera provisional el decreto, mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo. El estudio recaerá sobre el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional.
La Corte señaló que, dada la trascendencia del tema, el análisis deberá realizarse con rigor, oportunidad y eficiencia, considerando el impacto que la medida tiene sobre el orden económico y social del país.
El decreto fue expedido luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República y tiene como objetivo recaudar cerca de 16 billones de pesos para enfrentar el déficit fiscal. El Gobierno justificó la declaratoria de emergencia al advertir una situación “grave e inminente” que, según el Ejecutivo, pone en riesgo la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales y asegurar la prestación de servicios públicos esenciales.
Entre los factores expuestos por el Gobierno para sustentar la emergencia económica se encuentran el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud, las alteraciones del orden público, los riesgos para líderes sociales, el archivo de las dos últimas reformas tributarias, el impacto de la ola invernal, sentencias judiciales pendientes por 1,5 billones de pesos, obligaciones contractuales atrasadas por 5,1 billones, deudas con víctimas del conflicto por 1,6 billones y las restricciones al endeudamiento público.
De manera paralela, la Corte Constitucional también definió el magistrado ponente que estudiará el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, el cual establece medidas tributarias para atender los gastos del Presupuesto General de la Nación derivados del estado de emergencia. Para este análisis fue designado, igualmente por sorteo, el magistrado Juan Carlos Cortés González, quien tendrá a su cargo sustentar la ponencia correspondiente.