Nuevamente el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, tendrá que solicitar facultades a la Asamblea Departamental para proceder a la cesión del terreno en donde se construirá el complejo judicial o nuevo Palacio de Justicia de Montería.
Así lo indicó el director de Administración de Justicia en Córdoba, Alfonso de la Espriella, al precisar que los trámites de cesión no pudieron culminarse, debido a que el área a entregar representaba a futuro una controversia jurídica para la rama judicial, por el proceso de reclamación que sigue actualmente una familia que habita en el predio.
En ese sentido, se replanteó el proyecto con el fin de que las dos hectáreas solicitadas no incluyan el área que en este momento está siendo ocupado.
Por tal motivo, el gobernador Benítez deberá apelar a la aprobación de una ordenanza que lo faculte para ceder el terreno, pero en esta ocasión, con las condiciones que está planteando el Consejo Superior de la Judicatura.
“Decidimos rediseñar y replantear el área que se está solicitando, en el sentido de que las dos hectáreas que estamos pidiendo que nos sean cedidas para la construcción del nuevo Complejo Judicial, queden por fuera de donde está ocupando la familia. Eso con el fin de que la rama judicial reciba un lote de terreno libre de cualquier controversia jurídica” explicó el abogado.
“Para ello, se presentará por parte de la Gobernación de Córdoba nuevamente el proyecto que dará facultades al gobernador. En los próximos días eso se estará tramitando con algunas dependencias asesoras del gobernador”, agregó.
Es de recordar que este trámite data del año 2020, cuando la Asamblea Departamental facultó a Benítez para la cesión de esta área que está enmarcada en un predio de 8 hectáreas, ubicado al frente del Parque Recreacional Tacasuán, sin embargo, la no culminación del proceso de titulación a nombre del Consejo Superior de la Judicatura, terminó por dejarlo sin este crédito.
En lo que respecta al proyecto, se trata de un complejo que se construirá en unas 2 hectáreas de terreno, y congregará a los hacedores de justicia e instituciones de investigación del Estado.