La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se pronunció sobre un escándalo de gran magnitud revelado por Noticias Caracol, que sugiere una presunta alianza y corrupción entre la cúpula de las disidencias de las FARC (‘Calarcá’), el general del Ejército Juan Manuel Huertas y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cercano al presidente Petro.
En una comunicación con Caracol Radio, la Fiscal Camargo aseguró que desconocía la información detallada por ser reservada, pero que su despacho está «confirmando la veracidad» de los hechos y que no actuará «con precipitud» antes de contrastar las graves revelaciones.
Los hallazgos bajo verificación se derivan de dispositivos incautados en julio de 2024, en la detención de una caravana de disidentes en Antioquia, y apuntan a:
*Pacto de Movilidad y Armamento: Documentos incautados sugieren que el general Huertas (reintegrado en el Ejército en 2025 tras haber estado retirado) se habría reunido con hombres de ‘Calarcá’ para explorar la creación de una empresa de seguridad fachada. El objetivo sería legalizar armamento, facilitar el porte de armas, evitar retenes y movilizar a guerrilleros con órdenes de captura, usando como pretexto la protección de líderes sociales.
*Vínculo con Campaña Presidencial: Los documentos sugieren que el general Huertas habría ofrecido ayuda a las disidencias gracias a sus presuntos vínculos con el presidente Petro y su participación en la campaña. Incluso, se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como supuesta intermediaria en la financiación entre el Estado Mayor Central y la campaña Petro Presidente.
Acuerdos de No Agresión: Las investigaciones también revelan reuniones en Bogotá donde se habría coordinado un «pacto de no agresión» entre la Fuerza Pública y las disidencias en territorios clave, llegando al extremo de entregarles códigos de frecuencias radiales militares para establecer coordinaciones.
Mientras la Fiscalía avanza en la verificación de la «información delicada» que estuvo un año sin ser investigada, se espera que el ente acusador emita un comunicado oficial detallando las acciones a seguir.