Una nueva directriz del Departamento de Estado amplía los criterios médicos.
El Gobierno de Estados Unidos comenzó a implementar una norma que podría cambiar de manera drástica la forma en que se evalúan las solicitudes de visa.
Aunque la medida pasó inicialmente desapercibida, su contenido empezó a circular entre medios internacionales y plantea restricciones inéditas para quienes padezcan enfermedades crónicas.
La nueva instrucción fue emitida el 6 de noviembre de 2025 por el secretario de Estado Marco Rubio, y divulgada globalmente el 13 de noviembre.
La directriz ya está en vigor y podría afectar procesos que hoy están en curso, incluidos los de ciudadanos colombianos que esperan entrevista en la embajada en Bogotá.
¿Qué cambia con la nueva directriz?
Según reportó The Washington Post, la orden se sustenta en el principio de “carga pública”, que autoriza negar el ingreso a personas que, en opinión del consulado, podrían generar gastos al Estado estadounidense.
A diferencia de los parámetros tradicionales, centrados en enfermedades contagiosas o falta de vacunas, ahora se incluyen condiciones que antes no implicaban inegilibilidad.
Enfermedades cardiovasculares.
- Enfermedades metabólicas.
Enfermedades neurológicas.
- Enfermedades respiratorias.
- Obesidad.
El criterio clave se centra en si el solicitante podría necesitar tratamientos de alto costo o atención sostenida y no demostrar solvencia económica de por vida.
Personas en edad de jubilación.
- Número de dependientes.
- Presencia de discapacidades dentro del núcleo familiar.
Este giro supone un cambio profundo. Antes, la inadmisibilidad se limitaba a enfermedades de relevancia pública o circunstancias médicas que representaran riesgos conductuales.
Ahora, la evaluación incluye previsiones económicas y escenarios hipotéticos de gasto.
La Casa Blanca defiende la política
La portavoz presidencial, Anna Kelly, aseguró que la norma no es nueva y que “protege los recursos de los contribuyentes”.
Argumentó que el Departamento de Estado siempre ha tenido la facultad de negar visas a quienes puedan requerir atención médica financiada con fondos públicos.
Sin embargo, la directriz fue aplicada sin consulta previa a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), lo que encendió alertas entre expertos en salud pública y abogados de inmigración, quienes cuestionan la falta de revisión técnica y la amplitud de los criterios.
Charles Wheeler, de Catholic Legal Inmigration Network, afirmó que negar una visa por una posible carga futura, y no por un riesgo verificado, “abre un precedente peligroso”.