El pasado 19 de septiembre, la Veeduría Acción Judicial presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra los magistrados Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por presunto prevaricato y abuso de la función pública.
La denuncia surge a raíz de una decisión del Consejo de Estado, emitida el 6 de agosto de 2024, en la que los magistrados resolvieron un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a la investigación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La denuncia sostiene que los magistrados del Consejo de Estado no tenían autoridad para resolver dicho conflicto, ya que no era de naturaleza administrativa, sino jurisdiccional. Se argumenta que al tomar la decisión, los magistrados «se abrogaron una competencia» que no les correspondía, al intervenir en un procedimiento sancionador contra el presidente de la República.
El caso fue asignado al representante Leonardo Gallego, presidente de la Comisión de Acusación, quien tendrá la responsabilidad de estudiar la denuncia. Como parte de las acciones solicitadas en la denuncia, se pide una inspección judicial en las oficinas de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como en el despacho de la magistrada María del Pilar Bahamón.