Una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2016 volvió a ser citada en medio del debate por el decreto que fija el salario mínimo.
En medio de la discusión por el reciente decreto que fija el salario mínimo, volvió a escena una decisión clave del Consejo de Estado que, aunque fue emitida hace casi una década, hoy podría tener efectos en el análisis jurídico del aumento decretado por el Gobierno Nacional.
Se trata de una sentencia de 2016 mediante la cual el alto tribunal anuló un decreto similar, no porque el aumento fuera ilegal en sí, sino porque el Gobierno no explicó de manera suficiente por qué fijó esa cifra. Aunque ese fallo no obligó a devolver dinero ni tuvo efectos retroactivos, sí dejó reglas claras que deben cumplirse en adelante.
En esa decisión, el Consejo de Estado fue enfático en que el decreto del salario mínimo no puede ser una simple cifra anunciada, sino que debe estar respaldado por argumentos técnicos, económicos, sociales y financieros. En otras palabras, el Gobierno debe explicar con claridad cómo llegó a ese monto y por qué considera que es el adecuado para el país.
Esto dicen los abogados
Abogados consultados explican que, si el nuevo decreto no cumple con esos criterios, puede ser demandado ante el Consejo de Estado. Una vez se presenten las acciones judiciales, el tribunal estaría en capacidad de revisar si la decisión estuvo bien fundamentada o si, por el contrario, carece del soporte exigido por la ley.
Incluso, advierten que dentro de esos procesos se podría solicitar una suspensión provisional del decreto, una figura jurídica que permite dejar la medida en pausa mientras se estudia el fondo del caso. Aunque no es automática, esta opción está prevista cuando existen dudas serias sobre la legalidad del acto.
Por ahora, cualquier demanda deberá esperar a que termine la vacancia judicial, momento en el que el Consejo de Estado retomará plenamente el estudio de nuevos procesos. Mientras tanto, el precedente de 2016 vuelve a encender el debate sobre cómo se define el salario mínimo en Colombia y qué tan sólido es el sustento de las decisiones del Gobierno.