La acción de Castro Marín era una de varias demandas presentadas contra el incremento del salario mínimo.
El proceso judicial que buscaba tumbar el decreto que fijó el salario mínimo para 2026 dio un giro inesperado. En las últimas horas, el abogado Germán Eduardo Castro Marín confirmó que retiró la demanda de nulidad que había presentado ante el Consejo de Estado, decisión que atribuyó a amenazas y mensajes de odio que, según afirmó, comprometieron la seguridad de su familia.
La acción legal, que ya había sido admitida por el alto tribunal, cuestionaba el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional estableció un aumento cercano al 23 % del salario mínimo. La admisión del recurso abría la puerta a un estudio de fondo sobre la legalidad del procedimiento utilizado para definir el incremento.
Argumentos jurídicos detrás de la demanda
En un comunicado, Castro Marín recalcó que su actuación no respondía a intereses políticos ni personales, ni tenía como objetivo afectar a los trabajadores. Explicó que la demanda surgió de un análisis técnico de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente, en el que identificó presuntos vicios de forma y de motivación en el decreto.
El abogado sostuvo que el Ejecutivo habría fundamentado la decisión en criterios externos, como un informe sobre brecha salarial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dejando de lado parámetros establecidos en la ley colombiana, entre ellos la inflación, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). A su juicio, esto podría constituir una desviación de poder o una motivación insuficiente del acto administrativo.
Amenazas cambiaron el rumbo del proceso
Pese a que el trámite judicial avanzaba, el jurista aseguró que la intensificación de ataques en redes sociales, sumada a amenazas directas, desbordó el debate jurídico. “Ninguna controversia jurídica, por relevante que sea, puede estar por encima de la seguridad y la tranquilidad de mi hogar”, señaló, al explicar las razones del retiro de la demanda.
Qué pasa ahora en el Consejo de Estado
La acción de Castro Marín era una de varias demandas presentadas contra el incremento del salario mínimo, junto con iniciativas impulsadas por Fenalco y otros actores. Con el desistimiento de este proceso en particular, el Consejo de Estado deberá ordenar su cierre, sin que ello implique el archivo de las demás impugnaciones, que seguirán su curso en la justicia administrativa.
El abogado concluyó que su actuación se dio dentro del ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia y en defensa de la institucionalidad económica, aunque lamentó que el debate técnico haya derivado en un escenario de hostigamiento personal y familiar.