Señalan desde Asocapitales que este aumento profundiza más la crisis financiera de los sistemas de transporte en Colombia.
Diferentes sectores económicos empezaron a dar a conocer las primeras consecuencias económicas luego del aumento del 23% del salario mínimo anunciado por el presidente Gustavo Petro.
Es el caso del pasaje del transporte público urbano en las ciudades capitales, que tendría un aumento de $200, según advirtió la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Advierten que esta decisión del presidente «profundiza la presión financiera que enfrentan los sistemas de transporte de las ciudades capitales».
Explican desde Asocapitales que este impacto en el pasaje se producirá debido a que entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos ellos indexados
al salario mínimo.
Sin embargo, sostienen que este aumento en los costos del transporte urbano que afecta directamente al bolsillo del ciudadano será «sin ampliaciones de flota, rutas o frecuencias, afectando de manera directa el costo por kilómetro recorrido y el equilibrio financiero de los sistemas».
En Cali, el aumento del salario mínimo se refleja en un mayor costo operativo del sistema MIO, donde insisten en que continúa profundizando su déficit estructural y obligando al municipio a destinar mayores recursos para sostener la operación, evitar presiones tarifarias o prevenir reducciones en la calidad del servicio.
En el caso de Medellín, sostienen que aunque el Sistema Integrado del Valle de Aburrá presenta un mejor equilibrio financiero, «el incremento salarial impacta los costos de operación de buses alimentadores, tranvía y personal de estaciones, traduciéndose en mayores transferencias públicas o en la necesidad de reprogramar inversiones futuras».
En Bogotá, donde opera el sistema de transporte masivo más grande del país, el aumento salarial «ejerce una presión significativa sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria, incrementando el costo por kilómetro y obligando al Distrito a ampliar el esfuerzo fiscal anual para garantizar la continuidad del servicio sin afectar a millones de usuarios diarios».
En Cartagena, señalan desde Asocapitsles que esta decisión «resulta proporcionalmente mayor, dado que se trata de un sistema de menor escala y con menor capacidad fiscal, donde el aumento del salario mínimo eleva rápidamente los costos operativos y genera riesgos de desbalance financiero».
Concluyen en su alerta que este aumento en los costos laborales se sumará tsmbien al aumento en los precios de los combustibles, los costos de mantenimiento de la flota, las tasas de interés y las variaciones en la demanda, configurando un escenario de presión acumulada sobre las finanzas locales.