La Secretaría de Salud de Córdoba es una papa caliente administrativa. Burocráticamente todos los grupos políticos se la disputan, pero a quienes colocan en esos cargos no duran mucho, ¿por qué?
Para el caso de la actual administración, en medio periodo de gobierno han pasado tres secretarios.
Walter Gómez: oriundo de Valencia, municipio del Alto Sinú, tierra natal del gobernador Orlando Benítez. Le tocó enfrentar el inicio de la pandemia y salió cuando vio una oportunidad política, hoy cristalizada en su candidatura a la Cámara. Antes de irse de la dependencia fue informado de varios procesos de demanda por actuaciones presuntamente irregulares en su contra, pero hoy, no hay decisiones judiciales en su contra.
Carlos Vasco: Pasó de ser asesor de despacho a manejar esa cartera y distanciándose de la administración que remplazaba montó un modelo de trabajo propio, pero estricto. Sabía que iba a salir porque la cuota política era del grupo del hoy precandidato presidencial, David Barguil.
Carlos Sejín: aparece como cuota del grupo político de Barguil y asume funciones con menos protagonismo, a la sombra del gobernador y con pocos resultados. Solo duró cuatro meses. Dan por sentado que no abandona la Gobernación, porque será llevado a una asesoría de despacho.
Lo único que tienen los tres en común es el peso de las acciones jurídicas y judiciales de la IPS Funtierra que reclama el pago de servicios que argumenta haber prestado. Todos, han estado bajo la lupa de los procesos que han adelantado las directivas de esa empresa de salud.
Todos, incluyendo al gobernador, Orlando Benítez, se han protegido con la decisión de no pagarle un peso a la IPS, mientras no haya resultados finales de una auditoría en salud que tiene a su cargo la Universidad de Cartagena.
Con base en ella y de acuerdo a lo que indique se pagará total o parcialmente las cuentas que cobran, aunque también abe la posibilidad de no cancelar sino hay soportes de las mismas.
Esos procesos no solo tienen en jaque al secretario de salud que se monte en ese ‘potro’ administrativo, sino al mismo gobernador y la Ley 550 que pende de un hilo después que se declarara incumplimiento y se ordenara mediante fallo la suspensión del acuerdo de restructuración de pasivos.
La Secretaría ha tratado de poner las cosas en orden después de tantos escándalos de corrupción que en anteriores gobiernos obligaron la suspensión total de recursos transferidos a la población pobre no vinculada con subsidio a la demanda y actividades no POS del Sistema General de Participaciones del departamento de Córdoba”.
El más reciente informe asegura que son más de 70 mil millones de pesos congelados desde el año 2016 y que después de cumplir procesos de mejoramiento esperan que este año sean desembolsados.
No olvidemos que, por los carteles de corrupción y pagos indebidos de cuentas, más de un funcionario de esa dependencia ha estado de vacaciones forzadas en prisión, otros han logrado acuerdos de casa por cárcel, les han ocupado bienes y otro grupo están a la espera de nuevas decisiones de la justicia.
Esperamos el cuarto secretario o secretaria de salud. Todo apunta a que Barguil debe dar el nombre, a menos que se revuelva el dominó político.