El presidente Gustavo Petro aceptó utilizar recursos públicos para el pago de abogados personales que lo defenderán en su intención de salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la “lista Clinton”.
El mandatario defendió este contrato de 10.000 millones de pesos para la defensa de él y su familia, porque es el costo de las visitas que políticos de la oposición hicieron a los Estados Unidos.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario.
El presidente respondió a un mensaje de la periodista Salud Hernández, que cuestionaba como Petro creía que el estado era su banco personal.
Según la información conocida, la presidencia suscribió un contrato directo por 10 mil millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited con fondos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.
El objeto de este contrato tiene la finalidad de suministrar asesoría, representación y defensa jurídica del presidente y su esposa Verónica Alcocer, ante las autoridades de los Estados Unidos tras ser incluido en la lista Clinton.
Esta contratación que ha recibido diversos cuestionamientos de diferentes sectores del país, ya está bajo la lupa de la Procuraduría mediante la apertura de una indagación previa.
El ministerio público busca establecer si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos previstos en la normativa de contratación estatal. Además de verificar.