En los hechos, ocurridos el domingo 4 de enero en Ciudad Bolívar, el presunto criminal se hizo pasar por vigilante para violar la seguridad del conjunto residencial donde se encontraba la víctima.
Una juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para William Sarria Ruíz, acusado de tentativa de feminicidio tras un violento ataque contra su expareja sentimental en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
El hecho, ocurrido el domingo 4 de enero de 2026 en el barrio La Estancia, expuso graves fallas en la protección de su integridad y en el proceso judicial inicial que sostuvo el hoy detenido.
Según la Fiscalía General de la Nación, Sarria ingresó al conjunto residencial haciéndose pasar por vigilante: “El hombre ingresó al conjunto residencial y, haciéndose pasar como vigilante, persuadió a la víctima para que abriera la puerta de la vivienda e inmediatamente le propinó un golpe en la cara que la hizo caer al suelo. Luego, la amenazó de muerte, obligó a quitarse la ropa y abusó sexualmente, mientras la mantenía amarrada de manos con un cable”.
El presunto criminal aceptó los cargos que se le imputaron y fue enviado a la cárcel – crédito Fiscalía
A esta versión se suma el testimonio de Nicolás López, hijo de la víctima, que aseguró que Sarria pagó $50.000 a un guarda de seguridad para consumar su entrada al conjunto.
Una vez en el apartamento, persuadió a la mujer para que abriera la puerta y la atacó de inmediato, propinándole un golpe en el rostro que la hizo caer.
Posteriormente, la amenazó de muerte, la obligó a desnudarse y abusó sexualmente de ella, manteniéndola atada de manos con un cable. Durante el ataque, Sarria utilizó herramientas como un cuchillo, un cable de parabólica y sus propias manos para asfixiar a la víctima, según informaron las autoridades durante el proceso judicial.
También robó objetos de valor e ingresó sin autorización al celular de la mujer, desde donde realizó transferencias por $2.000.000 a su billetera virtual.
La Fiscalía señaló que la víctima había padecido un ciclo de violencia que se prolongó durante los seis meses de relación sentimental, lo cual la llevó a mudarse y solicitar medidas de protección. Pese a ello, el agresor logró ubicarla y acceder al edificio burlando la seguridad.
El presunto criminal tendría 12 anotaciones judiciales.
El ataque se conoció gracias a la intervención de vecinos, que escucharon los gritos de la víctima y lograron ingresar al apartamento. Una testigo, citada por Blu Radio, relató que encontró a la mujer “amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda”.
El grupo de vecinos halló sangre en la vivienda y constató que la víctima tenía lesiones en la espalda, el cuello y la cara, hasta el punto de estar “irreconocible”. Retuvieron al agresor hasta la llegada de la Policía, que lo capturó en el lugar de los hechos.
Pese a la gravedad del caso, en ese momento Sarria fue dejado en libertad pocas horas después, debido a que inicialmente se le imputaron cargos por lesiones personales. La víctima recordó a los agentes que existía una orden de alejamiento y denuncias previas, como quedó consignado en el relato a los uniformados: “Usted ya lo ha cogido y lo ha soltado”. La situación motivó críticas por la falta de protección efectiva, tanto de la víctima como de los testigos.
El 14 de enero, tras la recolección de pruebas y testimonios, la Fiscalía emitió una nueva orden de captura por tentativa de feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado y transferencia no consentida de activos.
Sarria fue recapturado por la Policía de Bogotá en un operativo conjunto con la Seccional de Investigación Criminal. El teniente coronel Óscar Chauta, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, informó que el detenido cuenta con 12 anotaciones previas en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto y estafa.
Durante la audiencia ante una juez de control de garantías, Sarria aceptó los cargos presentados. La audiencia de medida de aseguramiento fue inicialmente aplazada, pero finalmente se ordenó su traslado a un centro penitenciario.
Familiares y allegados de la víctima han exigido que el caso avance sin revictimización y que el proceso judicial se centre en el agresor, reclamando garantías de justicia y mayor rigor en la protección a las víctimas de violencia de género.