En una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al oficialismo, designó a la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos.
La determinación fue adoptada sin convocatoria a mecanismos de participación ciudadana ni aval de organismos independientes, lo que para diversos sectores refuerza la percepción de una sucesión interna orientada a mantener el control político del chavismo. La medida se produce en un contexto de marcada fragilidad institucional y ausencia de separación de poderes.
Rodríguez, considerada una de las figuras más cercanas al círculo de poder de Maduro y quien enfrenta sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, asume el encargo en medio de una compleja coyuntura caracterizada por el deterioro económico, la crisis social y el aislamiento diplomático del país.
Para la oposición venezolana y distintos analistas políticos, el pronunciamiento del TSJ no constituye un cambio real en la conducción del Estado, sino una estrategia para asegurar la continuidad del proyecto chavista y blindar a la cúpula gobernante ante posibles acciones judiciales internacionales.
Este nuevo escenario abre un periodo de alta incertidumbre para Venezuela, mientras la comunidad internacional observa con atención el rumbo que tomará el país y millones de ciudadanos continúan padeciendo las consecuencias de una prolongada crisis política y económica.