Montería, Córdoba. El reciente anuncio del Gobierno Nacional de fijar el salario mínimo para 2026 bajo el criterio de «salario mínimo vital y móvil», estableciendo un incremento del 23,7%, estableciéndose en $1.750.905 pesos, marca un hito en la política laboral del país. Desde la Cámara de Comercio de Montería, recibimos esta noticia con una mezcla de empatía por las necesidades del trabajador y una profunda preocupación técnica por el tejido empresarial de Córdoba.
Para el ciudadano de a pie, la cifra de $1.750.905 como base salarial parece ser el dato definitivo. Sin embargo, para el empresario —especialmente para ese 96% de nuestro registro mercantil compuesto por micro y pequeñas empresas— la realidad es otra, pues, la carga prestacional y de seguridad social eleva el costo real por trabajador a más de $2.975.614.
Este valor representa un factor de carga prestacional del 44,79% sobre el ingreso total del trabajador. En términos prácticos, por cada empleado contratado formalmente, una Mipyme en Córdoba debe generar casi tres millones de pesos mensuales solo para cubrir su nómina mínima, sin contar costos operativos, servicios públicos o impuestos locales.
Sin embargo, desde la perspectiva del trabajador, es innegable que un aumento de esta magnitud busca dignificar la vida de las familias cordobesas. El concepto de «salario vital» intenta cerrar la brecha frente al costo de la canasta básica. Lo cual es necesario y se estaba en mora de tomar acciones que disminuyan la brecha.
No obstante, el riesgo de un «efecto boomerang» es latente porque un aumento súbito en los costos de producción suele trasladarse al consumidor final. Y es que en una ciudad como Montería, sensible a los precios de alimentos y servicios, este incremento podría ser absorbido rápidamente por el costo de vida.
Teniendo en cuenta que las Mipymes representan el 96 % del tejido empresarial y que el costo por empleado se acerca a los $3 millones, el incentivo para que los negocios con informalidad laboral den el salto a la legalidad se reduce drásticamente.
Nuestro departamento posee una estructura económica basada en el comercio, los servicios y el agro, sectores que dependen intensamente de la mano de obra. Para una pequeña tienda de barrio, un almacén en el Centro o una microempresa de servicios en la Margen Izquierda, este incremento representa una presión en el flujo de caja, dado que muchas empresas operan con estrechos márgenes de utilidad por lo que un aumento del 23,7% en la base salarial y un 44.7 en la carga prestacional podría generar reducciones en la planta de personal.
En este orden de ideas, estamos ante un dilema con repercusiones económicas tanto para trabajadores como para los empresarios. La búsqueda de justicia social a través del salario es loable, pero no puede desconocer la capacidad de pago del aparato productivo. Desde la Cámara de Comercio de Montería, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que este incremento venga acompañado de alivios tributarios específicos para Mipymes, programas de subsidio a la nómina para el primer empleo y estrategias agresivas de desindexación de costos para evitar que la inflación devore el esfuerzo salarial.
Con base en lo anterior y en representación de los 42.500 empresarios de Córdoba, elevo ante el Gobierno Nacional, la solicitud de estructurar un plan de salvamento para las Mipymes, así:
1. *Régimen de Transición Prestacional (Gradualidad):*
Implementación de una «Escalera de Formalización» para las micro y pequeñas empresas, consistente en que las Mipymes debidamente registradas puedan aplicar una tarifa reducida de aportes a Cajas de Compensación y ARL durante los primeros 24 meses del ajuste, compensando el aumento del 23,7% de forma gradual.
2. *Certificado de Incentivo a la Formalidad Laboral:*
Creación de un incentivo tributario para las empresas que mantengan o incrementen su nómina formal a pesar del aumento salarial.
• Mecanismo: Un descuento tributario directo en el Impuesto de Renta equivalente al 150% del valor de los aportes de seguridad social pagados durante el año gravable 2026 para nuevos empleos.
3. *Línea de Crédito «Nómina Vital»:*
En conjunto con Bancóldex, establecer una línea de crédito con tasa compensada dirigida exclusivamente a cubrir el diferencial de costos laborales para sectores críticos en Córdoba (Agroindustria, Comercio y Turismo).
Sin duda alguna, estas medidas permitirán mitigar el impacto económico para la formalización laboral, contrarrestar el efecto inmediato de la subida por costos laborales, otorgar liquidez a los empresarios y mitigar el déficit de competitividad ocasionado por el aumento de costos y la baja productividad laboral.
Álvaro Segrith Sepúlveda.
Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Montería