La Corte Suprema de Justicia ordenó investigar a cinco conjueces del Tribunal Superior de Montería y a una fiscal seccional por presuntas irregularidades en el proceso contra el fiscal Mario Alberto Lora Correa, procesado por el homicidio de dos jóvenes en 2016.
Según el alto tribunal, la Sala de Conjueces habría omitido el traslado de testimonios clave y avalado un preacuerdo que ya había sido declarado ilegal por la juez Ana Brigitte Verbel López, quien consideró que la negociación vulneraba garantías fundamentales del proceso y de las víctimas.
El preacuerdo, presentado en abril de 2020, proponía una pena de 7 años de prisión domiciliaria para Lora Correa, quien aceptó su responsabilidad. Aunque inicialmente la jueza lo rechazó, los conjueces ordenaron aprobarlo, lo que derivó en la posterior confirmación de la sentencia.
La Procuraduría intervino y la Corte finalmente decretó la nulidad de lo actuado, ordenando al Juzgado Penal del Circuito de Lorica fijar fecha para un nuevo juicio oral. La decisión frenó el riesgo de prescripción del caso y respaldó la postura inicial de la juez Verbel López.